Desde octubre, los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar un nuevo ajuste en el costo del transporte público. Según el esquema de actualización vigente, los boletos de colectivos y subte registrarán un aumento del 3,9%, impulsado por la inflación de agosto —que fue de 1,9%— más un adicional del 2% que fija el mecanismo tarifario aplicado en la Ciudad y la Provincia. El boleto mínimo de colectivo quedará en $546,51 tanto en la Capital Federal como en territorios bonaerenses, mientras que el viaje en subte costará $1.112,77.

La suba, que se suma a los incrementos acumulados a lo largo de este año, pone la lupa sobre el impacto creciente del transporte en los bolsillos urbanos. De acuerdo a datos recientes, el gasto en movilidad doméstica en el AMBA creció 22 puntos por encima de la inflación, lo que evidencia que el ajuste tarifario ha superado largamente la evolución de los precios generales de la economía. Según estudios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la proporción de gastos familiares destinada al transporte ya supera la suma de los consumos en servicios esenciales como gas y electricidad, reforzando el peso que adquiere la movilidad en el presupuesto hogareño.

El incremento anunciado afectará principalmente a las líneas de colectivos bajo jurisdicción provincial y municipal, mientras que los servicios que dependen del gobierno nacional —como las líneas de trenes y algunos colectivos interjurisdiccionales— mantendrán sus valores, que permanecen congelados desde varios meses atrás. Este escenario genera cierta disparidad para los usuarios: según el nuevo cuadro tarifario, el colectivo mínimo en la Ciudad de Buenos Aires costará $546,64, y los tramos superiores subirán en proporción según la distancia recorrida.

Además, el sistema SUBE comienza a jugar un papel mucho más relevante. Las tarifas de subte, por ejemplo, varían dependiendo de la cantidad de viajes mensuales y si la tarjeta del usuario está registrada, buscando incentivar la formalización del sistema de pago y otorgando descuentos a quienes regularicen esa condición. El Premetro también experimenta un aumento, con la tarifa registrada por SUBE llevándola a $389,46, mientras que el costo sin registro supera los $600.

Todo este panorama remarca una tendencia que se profundiza mes a mes: el gasto en transporte licúa cada vez más la capacidad adquisitiva de los ingresos de las familias del AMBA. Conforme los aumentos tarifarios se encadenan, los hogares destinan un porcentaje mayor de su presupuesto a costear sus traslados, en un contexto donde la inflación general persiste, pero el precio de viajar sube aún más rápido. La brecha entre la evolución de la inflación y el crecimiento del gasto en transporte plantea serios desafíos para la gestión de los recursos familiares y para las políticas públicas orientadas a garantizar una movilidad accesible en la ciudad.