La funcionaria del municipio de Morón acusada de liderar una banda narco, Luna Soyai Ortigoza, fue detenida por la Policía Bonaerense después de permanecer prófuga durante cuatro meses. Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio y estaba bajo la mira de la Justicia por su presunto rol como jefa de una red dedicada al tráfico y la venta de drogas, que habría operado junto a su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años, quien continúa en fuga. La captura se produjo en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, en el marco de un operativo que coronó una investigación que ya había derivado en múltiples allanamientos y el secuestro de importantes cantidades de cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo.

La causa contra Ortigoza se había consolidado meses atrás, cuando la Justicia ordenó una serie de ocho allanamientos en distintos puntos de Castelar y zonas cercanas, señalados como lugares de acopio y venta de droga. En el domicilio de la funcionaria, los investigadores secuestraron 509 gramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en un “simil ladrillo” y en cuatro piedras compactas, además de 26 gramos de marihuana. Los estupefacientes estaban distribuidos entre la cocina comedor y la habitación de la acusada, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de un lugar utilizado para el narcomenudeo. En esos procedimientos también se incautaron una balanza de precisión con restos de sustancia, una cuchara con restos de droga, recortes varios utilizados para el fraccionamiento, tres celulares, dos tarjetas SIM, siete tarjetas bancarias, el DNI de Ortigoza, dinero en efectivo y sellos vinculados a su rol como funcionaria municipal. En la vivienda de su novio Paz, en tanto, se hallaron 1098 gramos de clorhidrato de cocaína, también en formato de ladrillo y piedras compactas, y una balanza digital.

De acuerdo con la investigación, los puntos de venta identificados estaban vinculados a un grupo de traficantes encabezado por Ortigoza y Paz, a quienes se atribuye la conducción de una organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas al menudeo. La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban la existencia de kioscos de droga en torno a las calles Ferré y Piovano, Ferré y Pardo, y Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano. A partir de tareas de inteligencia, los investigadores reconstruyeron el mapa de la presunta red y avanzaron sobre los domicilios que operaban como centros de acopio y distribución. En el marco de esa misma causa ya había sido detenido Norberto Hernán Aliano, acusado de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y se había secuestrado en total alrededor de 1,7 kilos de cocaína, 241 gramos de marihuana, balanzas digitales, armas, municiones y teléfonos celulares que quedaron bajo peritaje judicial.

Tras los allanamientos, Ortigoza fue declarada prófuga junto a su pareja, situación que se extendió durante meses y derivó en un fuerte impacto político en el municipio de Morón. El intendente Lucas Ghi dispuso de manera inmediata su apartamiento del cargo y la baja de su contrato apenas se conoció que en su domicilio se había encontrado medio kilo de cocaína y otros elementos vinculados al tráfico de drogas. En el Concejo Deliberante, el caso motivó la interpelación del secretario de Seguridad municipal, Damián Cardoso, quien debió explicar el rol de la exdirectora de Género y la reacción del Ejecutivo local frente al escándalo. Cardoso sostuvo que “no hay ningún elemento” que indique que Ortigoza cometiera delitos en el ejercicio de sus funciones como funcionaria, aunque confirmó que un detenido declaró ante la Justicia que le compraba droga a la exfuncionaria y aportó números de cuentas bancarias utilizadas para realizar esas operaciones.

En el plano judicial, los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, a cargo de la causa, imputaron a Ortigoza por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a los consumidores y por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Su situación se agravó luego de que los investigadores determinaran que no solo habría participado en la comercialización, sino que habría tenido un rol de liderazgo dentro de la banda, coordinando el funcionamiento de los puntos de venta y el acopio de la droga. La reciente detención en Merlo abre ahora una nueva etapa procesal: la exfuncionaria deberá prestar declaración indagatoria y enfrentar las pruebas reunidas en su contra, mientras la Justicia mantiene la búsqueda de Ángel Daniel Paz y analiza la posible extensión de la red investigada. Según fuentes del caso, en el momento de su arresto la mujer tenía 85 gramos de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de que continuaba vinculada a la actividad ilegal a pesar de encontrarse formalmente prófuga.